Desde hace algunos años, hemos seguido una ruta de modernización en el funcionamiento de la administración pública, orientada a facilitar la actividad comercial y mejorar el clima de negocios. He acá algunos hitos:
En 2014, se suscribe con la Corporación Reto del Milenio (MCC por sus siglas en inglés), el Segundo Convenio del Reto del Milenio. Uno de sus principales objetivos es el aumento de la inversión privada, mediante la mejora del entorno regulatorio. La MCC respalda la creación de un marco jurídico y de una institución encargada de la mejora regulatoria (OMR) y de la ejecución de reformas que faciliten el comercio.
En 2016, la Asamblea Legislativa ratifica el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio. Con ello se persigue la reducción de los costos del comercio, fomentando la libre circulación de mercancías, mediante la adopción de prácticas fundamentadas en la transparencia, simplificación, y estandarización, pilares fundamentales para incentivar la actividad comercial.
En 2017, se aprueba la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), la cual, desde su primer considerando, reconoce que la existencia de normas claras y uniformes para el funcionamiento de la administración pública favorece el desarrollo económico y social. En 2018, se aprueban la Ley de Mejora Regulatoria (LMR) y la Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas (LEBB). La LMR crea un Sistema de Mejora Regulatoria para favorecer el buen clima de negocios. La LEBB contiene un régimen jurídico para prevenir y eliminar regulaciones que constituyan barreras para el libre comercio. En 2019, recién ha sido aprobada la Ley de Comercio Electrónico.
La actividad legislativa ha sido consistente en el fomento de la actividad comercial, mejorando la calidad regulatoria y modernizando a la administración pública. En dicho contexto, me refiero nuevamente al proyecto de reformas a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), cuerpo legal que regula un mercado con decenas de miles de oportunidades de negocio para el sector privado y cuyas transacciones anuales representan un considerable porcentaje del PIB.
Para asignar eficientemente los recursos públicos, es necesario potenciar dinámicas de competencia, creando condiciones que actualmente no existen. Analicemos la LACAP, bajo la óptica de los 3 pilares que incentivan la actividad comercial. 1. Transparencia: aún existe oscuridad en la identificación de necesidades, determinación de presupuestos, programación de compras, elaboración de bases de licitación, etcétera. 2. Simplificación: cada institución establece sus propias reglas y formalidades para la presentación de ofertas, seguimiento de contratos, gestión de pagos, etcétera. 3. Estandarización: a pesar de comprar lo mismo, cada entidad contratante establece sus propias reglas del juego. Resultado: los proveedores ofertan únicamente donde ya aprendieron a jugar. El mecanismo bursátil, así como las compras financiadas por la banca multilateral, son referentes de simplificación y estandarización en materia de compras públicas.
¿Cómo enriquecer el proyecto de reformas? 1. Estandarización obligatoria de bases de licitación para toda la administración pública. 2. Establecimiento de un recurso administrativo especial para impugnar bases de licitación que restrinjan la libre competencia o se aparten del formato obligatorio. 3. Establecimiento de un mecanismo de impugnación de resultados imparcial, que agote la vía administrativa conforme al parámetro de la LPA.
Si sumamos la implementación de las compras por catálogo electrónico y subasta electrónica a las que me referí en las anteriores columnas, la LACAP no desmerecerá al bloque normativo modernizador de la administración pública y pro actividad comercial que le precede.
A&C Consulting 